El derecho a decidir puede examinarse desde dos perspectivas, la lingüística y la política. Los políticos independentistas, sostienen que el debate político catalán debe articularse en términos claros y significativos, para evitar confusión y frustración entre los ciudadanos.
Pero los independentistas dejan la claridad y la sustituyen por el “derecho a decidir”, su deseo de “derecho de autodeterminación” o el “derecho de secesión”. Los motivos de su gran éxito son fáciles de entender. Todo el mundo desea tener derechos decisivos y parece una característica natural de las democracias. En Cataluña el derecho a decidir se ha convertido en casi un asunto incuestionable, pues si alguien se atreve a disputar este derecho es rápidamente acusado de no ser demócrata. Según los partidarios al derecho a decidir, esto debe ejercerse por medio de un referéndum o consulta sobre el futuro de Cataluña.
Pero es que hasta ahora este “derecho a decidir” no ha sido claramente definido. ¿Decidir qué?
Decidir es un verbo transitivo y necesariamente debe de ir seguido de un objeto directo para que pueda tener significado. Tanto en catalán “dret a decidir” y como en castellano “derecho a decidir” hay un uso absoluto del verbo decidir sin identificar el objeto directo al que se refiere. Los políticos autores del nacionalismo, así lo presentan, aunque entre los ciudadanos se pueden escuchar su defensa, para la independencia o simplemente como defensa de un comportamiento democrático.
Pero no olvidemos que el “derecho a decidir” no tiene jurídica o políticamente equivalente en los países vecinos de España. La traducción directa de este término en otros idiomas es todavía más vaga y desprovista de significado alguno en el contexto político. Ello nos confirma que la idea de que el “derecho a decidir” es mucho menos universal, en un concepto menos democrático de los que los partidarios de tal derecho nos quieren vender en Cataluña.
No obstante el derecho de autodeterminación es un concepto mucho más claro en Cataluña, en España y cualquier otro idioma y país.
¿Por qué entonces introducen un concepto tan vago, como el “derecho a decidir”, cuando tenemos una expresión que deja más claramente de lo que queremos hablar, como el “derecho de autodeterminación” en español y “dret d’autodeterminació” en catalán? Una de las respuestas es que con la falta de concreción en el significado, permite que cada uno entienda lo que desee entender. Este concepto no es espontaneo, sino que forma parte de una campaña bien orquestada. Su origen está en 2003 con el plan Ibarretxe.
Ni el país Vasco, ni Cataluña son colonias, sino regiones prosperas en un país democrático. Tampoco sufren opresión, ni discriminación negativa de España, por lo tanto reivindicando el “derecho de autodeterminación”, que es normalmente asociado con las colonias o las minorías oprimidas en regímenes no democráticos, se convertía en un problema.
Tomando esta expresión vaga e inconcreta, la adopción y promoción del neologismo “derecho a decidir” por los independentistas, significa un cambio en su estrategia que refleja una creciente preocupación por el reconocimiento internacional. Pero no olvidemos que en Cataluña se crea la “Plataforma pel Dret a Decidir” (PDD) en 2006, con el apoyo financiero de la Generalitat de Catalunya.
En 2011, el Centro Unesco de Cataluña público un informe titulado “del derecho de autodeterminación al derecho de decidir”. El informe fue firmado por Jaume López Hernández que además fue también uno de los fundadores y Presidente de la PDD. Este documento propone algunas “propuestas para la acción”, justifican esta causa como principio de independencia, pero partiendo del principio de radicalismo democrático (¿?) y el regreso de la democracia directa………pero ¿es un derecho?
El derecho a decidir expresa una opinión particular sobre cómo debe funcionar un sistema político, en lugar de un derecho concreto. Es un grito a la democracia directa en vez de la democracia representativa, como actualmente está en funcionamiento en los países occidentales.
Este modelo (democracia directa), también se conoce como “plebiscitario” o “Democracia ateniense” que faculta a los ciudadanos y proporciona legitimidad a las decisiones. Pero sus desventajas en términos prácticos han sido sustituidas por el modelo de democracia representativa. Algunos de los problemas de la democracia directa, sobre todo en el caso del “derecho a decidir”, son las pocas opciones que se le ofrecen al ciudadano y además fijadas previamente. Además los ciudadanos pueden estar interesados o no, con las opciones presentadas, pero no tienen opción. Por último, quien tiene el poder para componer la pregunta, tiene la capacidad de moldear su resultado.
En Cataluña, una Comisión creada desde el poder político (independentistas), han redactado las preguntas y por ello la falta de neutralidad es evidente. Además el concepto vago de “derecho a decidir” no es claramente especificado en ningún texto legal o internacional. La noción de “libertad de elección” es inherente a los sistemas democráticos y por ello sería necesario definir y acordar antes, su naturaleza y alcance.
La ausencia de tal derecho a decidir o el derecho de autodeterminación en el ordenamiento jurídico español, como en la mayoría de los sistemas jurídicos del mundo, ha sido utilizado por los independentistas catalanes para denunciar un conflicto entre la “legitimidad política” y la “legalidad”, la “voluntad de un pueblo” contra algo tan prosaico como la “ley” y particularmente contra la Constitución española. Algunos tienen la desfachatez de referirse esto como el dilema de la “ley contra la democracia”.
Pero todo ello es solo fundamentalmente un debate artificial creado con un objetivo político. No debemos olvidar que es precisamente el estado de derecho el que garantiza los derechos democráticos, como la protección de las minorías y de las libertades individuales. Reconocer algunas ventajas y desventajas entre “legitimidad popular” y “legalidad” es un sano ejercicio crítico. Pero negar la legitimidad de la Constitución y un sistema legal democrático, como el español, para acoger un “derecho” que incluso sus partidarios no consiguen definir, es un ejercicio peligroso de una sola dirección hacia el fascismo.
Bajo el marco legal vigente, ellos saben que una consulta como el planteado, sería ilegal y sin efectos vinculantes. Parece que se está convirtiendo este derecho, en un derecho a expresar una opinión sobre una cuestión particular definida por algunos partidos políticos. Pero para ello y aunque sea ilegal, no fuera vinculante y su poca claridad, se están invirtiendo grandes cantidades de dinero público, esfuerzo político en Cataluña para su promoción. El objetivo es incierto, sobre todo por su poca claridad y definición de sus objetivos, así como de sus consecuencias.
Es el momento de que los políticos comiencen a llamar las cosas por su nombre, para evitar confusión, malos entendidos y frustración entre los ciudadanos.
De hecho, ahora algunos aprovechando la popularidad del movimiento comienzan a retirar sus máscaras y abandonan los eufemismos.
Pero sobre todo es obligación de estos políticos que envueltos en la mentira permanente, se sinceren y expresen con claridad sus objetivos y sus consecuencias reales y crudas.